El laberinto de la deuda y la hipoteca generacional: una condena al futuro

Econ. José Gregorio Santeliz C

La opinión pública asiste con peligrosa resignación a un nuevo capítulo del fetichismo tecnocrático. Ante el anuncio formal del inicio de la reestructuración de la deuda externa venezolana —un colosal pasivo que oscila entre los 150.000 y 170.000 millones de dólares tras casi una década en un pesado _default_—, el consenso socialdemócrata y la ortodoxia financiera pretenden reeditar las viejas fórmulas de sumisión crediticia. Desfilan por los altares de la política los cantos de sirena del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la diplomacia internacional, prometiendo ese bálsamo de liquidez artificial bautizado como "dinero fresco". Sin embargo, detrás de esta supuesta salvación macroeconómica se esconde el desprecio absoluto al cálculo económico y una profunda ceguera teórica que confunde la liquidez con la acumulación genuina de capital real. La historia económica de nuestra nación expone que recurrir a parches financieros y aceptar el "austerecidio" fiscal clásico —exprimir al sector privado mediante la exacción impositiva para mantener oxigenado a un Estado hipertrofiado— es el camino expedito hacia el colapso recurrente.

Someter el pasado y el presente a la rigurosidad de la ciencia de la acción humana exige comprender que el capital no es un agregado numérico en un balance burocrático, sino el resultado del ahorro previo: la decisión deliberada de los agentes económicos de posponer el consumo presente para liberar recursos hacia la producción de bienes de orden superior. Los créditos multilaterales no crean capital real; representan deuda. Un rescate tradicional opera simplemente como un paliativo inflacionario diseñado para salvar a los bancos acreedores de asumir las pérdidas reales (_haircuts_) que les corresponden por financiar a un deudor insolvente, validando de paso la planificación centralizada y dispersando los costos sobre la ciudadanía. No podemos reincidir en el voluntarismo político que enmascara la fiebre rompiendo el termómetro. Ya el quinquenio de Jaime Lusinchi escenificó este monumental error de cálculo con el Pacto de Nueva York de 1986, pomposamente catalogado como "el mejor refinanciamiento del mundo", donde se drenó el stock de capital líquido del Banco Central de Venezuela para sostener una reputación exterior vacía y una ilusión estática de solvencia petrolera, asfixiando al aparato productivo interno y destruyendo el sistema de información de los precios de mercado mediante los controles coercitivos de RECADI y CONACOPRESA.

El precio del tiempo y del riesgo no puede ser dictado por un comité de planificación ni evaporarse por decreto diplomático. La tasa de interés es una categoría fundamental que emana de la preferencia temporal y refleja la incertidumbre inherente al crédito. Pactar tasas artificialmente bajas o concesionales falsifica el cálculo económico, repele al inversor sensato de largo plazo y genera inversiones erróneas (_malinvestment_) en proyectos inviables que carecen de base económica genuina. Ante este panorama, la solución disruptiva y éticamente justa no radica en emitir nuevos pagarés para postergar vencimientos anteriores, sino en ejecutar un cambio de paradigma radical: la capitalización masiva mediante el canje puro de deuda por activos reales (Debt-for-Equity Swaps), sometiendo al Estado insolvente al mismo principio del mercado libre donde la gerencia ineficiente es desplazada y los acreedores toman el control físico de los activos.

Adicionalmente debemos eludir con vehemencia científica los defectos de origen de experiencias pretéritas como el programa chileno de finales de los ochenta. Aunque exitoso en la remoción de pasivos comerciales, la intermediación del Banco Central de Chile —que redimió títulos emitiendo moneda local para luego esterilizar la base monetaria mediante deuda interna— no extinguió la obligación, sino que la transmutó, absorbiendo el ahorro doméstico, manipulando la tasa de interés natural y traspasando el costo fiscal a las generaciones venideras. Para evitar esta distorsión en la Venezuela actual, la mecánica debe prescindir de la mediación inflacionaria del Banco Central. Se requiere un canje directo: los comités de acreedores deben recibir la propiedad directa y las concesiones plenas de los activos físicos del Estado, forzando la privatización del sector energético, de las industrias básicas y de los servicios públicos destruidos como la CVG, CANTV y CORPOELEC. Al despolitizar estas estructuras zombis, se elimina de raíz el déficit fiscal financiado con emisión monetaria sin respaldo y se permite el resurgimiento del sistema de precios determinados por la oferta y la demanda. Este mecanismo exige, por supuesto, una seguridad jurídica inquebrantable, la derogación inmediata de los monopolios estatistas como la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el establecimiento de tribunales independientes que protejan el derecho de propiedad privada como un pilar sagrado e inviolable.

Es imperativo, además, rasgar el velo de la retórica fiscalista para adentrarse en la dimensión ética y moral del endeudamiento soberano. Desde la herencia doctrinaria de Murray Rothbard y los axiomas de los derechos de propiedad, la equiparación entre la deuda privada y la deuda pública constituye una falacia palmaria. En el mercado libre, los individuos comprometen su propia producción o patrimonio bajo un acto de estricta responsabilidad individual. El endeudamiento público, por el contrario, opera bajo una lógica criminal y coactiva: los gobernantes ejecutan un consumo presente a expensas del patrimonio futuro de terceros, y el respaldo de esos bonos soberanos no es la riqueza del gobernante, sino la promesa de confiscación impositiva futura del ciudadano inocente. Un pasivo estatal no es más que un pasivo ficticio basado en la extorsión intergeneracional organizada.

¿Quién autoriza a un grupo de burócratas transitorios a negociar condiciones financieras y firmar compromisos crediticios que convierten a las futuras generaciones en siervos financieros sin su consentimiento? Quienes fuimos jóvenes en la década de 1980 padecimos en carne propia la devastación de este ultraje moral. Pagamos el precio del colapso del Viernes Negro de 1983, sufrimos las penurias del refinanciamiento ciego de 1986, fuimos testigos de la corrupción institucionalizada de RECADI, y cargamos con el fardo de la devaluación crónica y la inflación destructiva. Fuimos las víctimas propiciatorias que financiaron los excesos expansivos de decisiones políticas tomadas veinte años atrás por gobernantes que jamás respondieron por su irresponsabilidad. Esta regresión histórica es precisamente la que advertimos hoy con profunda urgencia. Exigir que los ciudadanos actuales y futuros asuman esta herencia espuriosa equivale a validar un crimen institucional. Los acreedores internacionales conocían el riesgo político implícito al financiar a un Leviatán hipertrofiado y deben asumir sus pérdidas en el mercado libre. La redención económica de Venezuela no provendrá de escritorios multilaterales ni de nuevos contratos de sumisión, sino de un acto de estricta higiene moral: la liquidación total de los activos estatales para achicar drásticamente el aparato coercitivo, restituyendo el protagonismo absoluto a la propiedad privada y el mercado libre. El Estado debe pagar sus excesos con su propio patrimonio, no con el sudor de sus ciudadanos.

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FUENTE: >>Econ. José Gregorio Santeliz C

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