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miércoles, mayo 20, 2026

El laberinto del crédito: transformación de deuda en inversión para Venezuela

Econ. Jose Gregorio Santeliz C

En nuestra entrega anterior, analizamos cómo el "mejor refinanciamiento del mundo" en 1986 operó como un monumento al voluntarismo político, donde el gobierno de Jaime Lusinchi liquidó el stock de capital de nuestro Banco Central para sostener una reputación exterior vacía y una economía administrada destructiva. Hoy, en este mayo de 2026, la historia vuelve a situar a Venezuela ante un dilema estructural idéntico al anunciar formalmente el inicio de una reestructuración de su monumental deuda externa, la cual oscila entre los 150.000 y 170.000 millones de dólares tras permanecer en un pesado _default_ desde 2017. El mayor peligro que enfrentamos es la tentación ideológica de repetir los mismos errores del pasado: recurrir a parches financieros y aceptar el "austerecidio" fiscal clásico para seguir oxigenando a un Estado hipertrofiado.

La reciente reanudación de relaciones con el FMI y el Banco Mundial abre las compuertas a los mecanismos de rescate tradicionales. Sin embargo, bajo los lentes de la Escuela Austriaca de Economía —fieles al rigor de Mises, Hayek y Rothbard— sabemos que el endeudamiento público es intrínsecamente perverso: representa un consumo presente a expensas de la producción futura, distorsiona los tipos de interés y extrae capital real del único sector genuinamente productivo, el privado, para transferirlo a la coacción estatal. Un rescate financiero multilateral tradicional sería un mero paliativo inflacionario que salvaría a los bancos acreedores a costa de validar la planificación centralizada.

Venezuela no puede volver a cometer el error de emitir nuevos pagarés para postergar vencimientos ni forzar tasas de interés artificialmente bajas mediante acuerdos políticos, lo que volvería a cegar el cálculo económico y a generar inversiones erróneas (_malinvestment_). Si los bonos venezolanos cotizan hoy a precios de remate en los mercados secundarios tras casi una década de impago, la solución no es endeudarse más para pagar lo viejo, sino ejecutar un cambio de paradigma disruptivo: la capitalización masiva mediante el canje de deuda por activos reales (_Debt for Equity Swaps_).

En el mercado libre, cuando una corporación privada quiebra, los acreedores toman el control físico de los activos y la gerencia ineficiente es desplazada. El Estado venezolano debe someterse exactamente al mismo principio praxeológico. Dado que el sector público es inherentemente incapaz de realizar un cálculo económico racional por carecer de precios de mercado libres, su persistencia como administrador de la infraestructura nacional solo garantiza la destrucción continua de riqueza. Al transformar deudas en títulos de propiedad, se destruye un pasivo ficticio basado en la promesa de confiscación impositiva futura y se crea capital real expuesto al riesgo y a la gestión empresarial.

En la praxis de este 2026, la mecánica de esta transformación debe ejecutarse sin vacilaciones en tres áreas críticas:

*Privatización del sector energético*: Como bien advertía Friedrich Hayek, los recursos en el subsuelo no tienen valor sin capital ni tecnología para extraerlos. Los comités de acreedores y empresas con laudos arbitrales pendientes (como ConocoPhillips o Crystallex) deben entregar sus títulos de deuda a cambio de la propiedad y concesiones plenas de refinerías en ruinas e infraestructura gasífera y petrolera. El acreedor muta de agente pasivo a empresario (_entrepreneur_), obligado a inyectar miles de millones de dólares en capital fresco y gerencia privada para reflotar dicha producción.

*Liquidación de industrias básicas y servicios públicos*: Empresas como la CVG, CANTV y CORPOELEC operan bajo severas pérdidas fiscales financiadas con la emisión inorgánica que devalúa el bolívar y catapulta la inflación. El canje de deuda soberana por la propiedad de las plantas de aluminio, acero y redes eléctricas eliminará instantáneamente el déficit presupuestario que las subsidia. Al despolitizarlas, los precios de los servicios volverán a ser determinados por la oferta y la demanda, permitiendo el resurgimiento del sistema de precios y acabando con los racionamientos crónicos mediante la asignación genuina del mercado.

Las ventajas institucionales de este enfoque son categóricas. Primero, evita el "efecto expulsión" (_crowding out_) en el circuito económico interno al no absorber el escaso ahorro disponible para financiar al sector público. Segundo, produce una despolitización absoluta de la economía al reducir drásticamente el tamaño del aparato coercitivo estatal. Y finalmente, reatrae capitales sensatos de largo plazo en lugar de capitales especulativos (_hot money_), trayendo inversores que exigen entornos desregulados y estabilidad.

El verdadero desafío de 2026 no es de ingeniería financiera, sino de carácter legal e institucional. No basta con una propuesta financiera atractiva; este mecanismo exige una seguridad jurídica inquebrantable. Ningún inversor cambiará papeles de deuda por activos físicos si teme una futura oleada expropiadora. Se requiere la derogación inmediata de los monopolios legales del Estado —incluyendo las camisas de fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos— y el establecimiento de tribunales independientes que protejan el derecho de propiedad privada como un pilar sagrado e inviolable.

La mejor estrategia de refinanciamiento para la Venezuela actual consiste en un proceso drástico de sinceración, asunción de pérdidas (_haircuts_) por parte de los acreedores y achicamiento del Estado. Solo la restauración de la propiedad privada, el libre mercado y una moneda sana y libre de las garras del Banco Central permitirán revertir el laberinto del colapso, iniciando el único camino que conduce a la verdadera prosperidad: la acumulación genuina de capital real.

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FUENTE: >>Econ. Jose Gregorio Santeliz C

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