Este proceso debe desarrollarse dentro de un marco de legitimidad democrática, respeto a los derechos humanos, supremacía constitucional, separación y equilibrio de los poderes públicos, descentralización y participación ciudadana.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que Venezuela es un Estado federal descentralizado y que el gobierno debe ser democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Asimismo, establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. (Constitute Project)
Por ello, la transición democrática debe orientarse a superar la concentración del poder y la progresiva erosión de los contrapesos institucionales, recuperando el funcionamiento efectivo de un Estado federal descentralizado, con autonomía territorial, separación de poderes, independencia judicial, garantías electorales y mecanismos eficaces de control ciudadano.
La reconstrucción institucional no debe significar simplemente sustituir a quienes ejercen el poder, sino restablecer las reglas, instituciones y garantías que permitan que ningún gobierno, partido, grupo económico, estructura militar o actor de poder pueda colocarse por encima de la Constitución y de la soberanía popular.
La alternativa democrática pasa por recuperar una estructura de Estado descentralizada, moderna y orientada al desarrollo, fortaleciendo la autonomía de los estados y municipios, restableciendo la independencia y separación funcional de los poderes públicos y creando las condiciones institucionales necesarias para la recuperación de la seguridad jurídica, la inversión, el empleo y el aparato productivo nacional.
La propia Constitución distribuye el Poder Público entre los ámbitos municipal, estadal y nacional, y establece dentro del Poder Público Nacional las ramas Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Ciudadana y Electoral. Cada una tiene funciones propias y debe actuar dentro de las competencias que le asignan la Constitución y las leyes. (Ley.com.ve)
En este proceso, el fortalecimiento del tejido social y de una sociedad civil organizada, plural, autónoma y preparada resulta indispensable. Gremios profesionales, sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, organizaciones comunitarias, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y demás expresiones legítimas de la sociedad civil deben participar activamente en la construcción de propuestas, políticas públicas y mecanismos de gobernanza para la reconstrucción nacional.
La transición debe tener como prioridades, entre otras:
* la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas y la revisión independiente de los casos en los que existan denuncias de detenciones arbitrarias;
* la restitución plena de las garantías constitucionales y del debido proceso;
* la recuperación efectiva del Estado de Derecho;
* el restablecimiento de la independencia y autonomía de las instituciones públicas;
* la recuperación de la confianza y profesionalización de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional, dentro del estricto marco constitucional;
* el fortalecimiento de las instituciones electorales y de las garantías de participación política;
* una reforma integral de los sistemas educativo, económico y productivo;
* la recuperación de la seguridad jurídica y de los derechos de propiedad;
* la reconstrucción de los servicios públicos esenciales;
* el fortalecimiento de la descentralización y de las capacidades de los gobiernos regionales y municipales;
* y la promoción de una cultura de legalidad, responsabilidad pública, transparencia y rendición de cuentas.
Estas condiciones constituyen elementos esenciales para la construcción de una Nueva Venezuela, democrática, descentralizada, productiva, pluralista y respetuosa de la dignidad humana.
La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos continúa siendo una preocupación relevante. Según el registro de Foro Penal, al 27 de julio de 2026 permanecían 379 personas clasificadas por esa organización como presos políticos, además de miles de personas sometidas a otras restricciones de libertad. (Foro Penal)
LA LEGITIMIDAD DE LA TRANSICIÓN
La legitimidad de cualquier proceso de transición debe fundamentarse en la Constitución, la soberanía popular, los derechos humanos y la voluntad democrática de los ciudadanos, y no exclusivamente en la voluntad de un grupo político determinado.
El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y están sometidos a ella. El artículo 7, por su parte, establece la supremacía constitucional y la obligación de todos los órganos del Poder Público de someterse a la Constitución. (Constitute Project)
En consecuencia, una transición democrática legítima debe tener como finalidad restituir al ciudadano su condición de titular de la soberanía, garantizando que su voluntad pueda expresarse libremente mediante elecciones auténticas, periódicas, transparentes y verificables.
El 28 de julio de 2024
El 28 de julio de 2024, millones de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales. La autoridad electoral proclamó a Nicolás Maduro, mientras que la principal candidatura opositora, representada por Edmundo González Urrutia, sostuvo que había obtenido la mayoría de los votos y presentó copias de actas electorales como respaldo de esa afirmación.
Posteriormente, el Centro Carter, que participó como misión internacional de observación, manifestó que no podía verificar ni corroborar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y señaló que la falta de publicación de los resultados desagregados por centro de votación constituía una grave vulneración de principios electorales. En su evaluación, el proceso tampoco cumplió los estándares internacionales de integridad electoral. (The Carter Center)
El Centro Carter señaló posteriormente que las actas recopiladas por testigos de la oposición en aproximadamente el 80 % de los centros de votación mostraban una amplia ventaja para Edmundo González Urrutia, mientras que el CNE no publicó los resultados detallados de los 30.026 centros electorales. (The Carter Center)
Por tanto, la discusión sobre la legitimidad electoral debe abordarse desde la evidencia electoral disponible, la transparencia, la verificación independiente y el respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos, evitando que la controversia política sea sustituida por afirmaciones carentes de respaldo documental.
UN PUENTE HACIA LA NUEVA VENEZUELA
La transición no debe concebirse como un destino permanente ni como una nueva forma de concentración del poder.
Un puente no se construye para permanecer sobre él; se construye para cruzar y unir dos extremos.
La Transición debe ser, por tanto, un instrumento temporal para conducir a Venezuela desde la crisis institucional hacia una democracia constitucional plenamente funcional; desde la concentración hacia la descentralización; desde la incertidumbre hacia la seguridad jurídica; desde la confrontación hacia la convivencia democrática; y desde el deterioro institucional hacia la reconstrucción nacional.
El objetivo final no debe ser simplemente cambiar quién gobierna, sino reconstruir las instituciones para que Venezuela vuelva a tener un Estado al servicio de sus ciudadanos y no ciudadanos sometidos al poder del Estado.
«El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no solamente en las próximas elecciones.»
Arq. Laura Bolla
Activista político-social
Sociedad Civil Independiente
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FUENTE: >>Arq. Laura Bolla
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