Veraz… Yaracuy: ecología invertida y propiedad en penumbra

Robert Alvarado

*_“Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”_ George Orwell, Rebelión en la granja.*

 

Hay gobiernos que inauguran obras y gobiernos que, además, inauguran preguntas. En Yaracuy, la avenida Carabobo parece haber aportado las dos cosas: una promesa de modernización y una discusión que no se resuelve con una cinta, una foto ni un video publicado de madrugada. Y, por si faltaba un segundo capítulo para la misma novela, está la denuncia de Kamel Salame Ajami sobre bienes que, según afirma, siguen sin ser devueltos pese a su absolución. Dos episodios distintos, sí; una coincidencia incómoda: cuando la gente pide explicaciones, la respuesta parece llegar con retraso, a medias o envuelta en una explicación oficial que exige fe antes que documentos.

El gobernador Leonardo Intocci dice que lo de la avenida es una transformación responsable, con estudio de impacto ambiental, criterios de seguridad y reforestación futura. También se ha sostenido que había árboles enfermos, raíces que dañaban aceras y tuberías, y ramas que podían caer con las lluvias. Ese argumento no es absurdo por sí solo: la seguridad importa y una ciudad también necesita reparar sus redes. Pero tampoco convierte cualquier tala en una decisión impecable. Si había informes técnicos, ¿por qué el debate público tuvo que empezar después de que las motosierras hicieron su parte? Una obra puede ser moderna y, al mismo tiempo, explicar antes qué va a hacer, por qué lo hará y qué alternativas examinó. No es una exigencia extravagante, es lo mínimo para que el ciudadano no tenga que reconstruir el proyecto mirando los tocones.

Las denuncias describen árboles de larga data, algunos considerados sanos por quienes los defendían y cuestionan que se eligiera la tala completa antes que la poda técnica, el mantenimiento o una evaluación individual. También se reclama que el proyecto no se presentó abiertamente a la comunidad, que las labores ocurrieron de noche o de madrugada y que no se conocen con claridad los permisos, los estudios ni el destino de la madera retirada. Son señalamientos, no una sentencia. Pero justamente por eso hace falta mostrar los papeles: para confirmar, corregir o desmentir. La transparencia no debería ser un premio que el gobierno entrega cuando ya se apagaron las sierras.

La hora de los trabajos no prueba por sí misma una intención de esconderlos. Puede haber razones operativas. Sin embargo, cuando una intervención se ejecuta en penumbra y la información aparece después, es comprensible que los vecinos sospechen que la noche fue más útil para evitar preguntas que para trabajar. Y si la comunidad no conoció el plan antes de la tala, no pudo discutir si había otra solución, pedir una evaluación independiente o vigilar el manejo de los árboles. El derecho a participar en los asuntos públicos y en el control de la gestión no desaparece porque el proyecto se llame “modernización”. La legislación ambiental, además, recoge la participación ciudadana, la prevención y la evaluación previa de actividades capaces de degradar el ambiente.

Aquí está el punto que vuelve más grave la discusión: el ambiente sano no es una cortesía verde ni un adorno para el discurso de inauguración. La Constitución reconoce el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, y asigna al Estado el deber de protegerlo con participación activa de la sociedad. Si la tala se hizo sin evaluación previa exigible, sin justificación técnica suficiente o ignorando alternativas razonables, no estaríamos ante una simple diferencia de gustos entre quienes prefieren árboles y quienes prefieren aceras nuevas. Se pondrían en juego derechos ambientales y la obligación pública de prevenir daños. Eso no permite afirmar, sin revisar los estudios y las actuaciones, que ya existe una infracción definitiva; sí explica por qué una respuesta transparente es inaplazable.

Hay otra contradicción que no necesita mucha ingeniería para verse: mientras se invierten recursos en cambiar aceras y arbolado de una avenida que sus críticos consideran transitable, se señalan calles cercanas llenas de baches y fallas prolongadas de agua y electricidad. No basta con responder que una obra crea empleos o dinamiza la economía. Puede hacerlo, desde luego. Pero el gobierno también tiene que explicar sus prioridades, sobre todo cuando pide paciencia por servicios básicos y presenta como urgente una transformación que sus vecinos no reconocen como prioridad. El progreso no se mide por cuántas cosas se remueven, sino por lo que queda mejor y por quién pudo preguntar antes de que la obra estuviera consumada.

El segundo caso cambia los árboles por apartamentos, pero no la pregunta por el límite del poder. Kamel Salame Ajami ha denunciado que, pese a haber sido absuelto, no le han devuelto todos sus bienes. En el planteamiento que acompaña estas denuncias se afirma que dos apartamentos permanecen bajo control de la Gobernación y que tanto el Ministerio Público como un tribunal penal habrían determinado que esos inmuebles nunca fueron formalmente incautados. Si los documentos efectivamente dicen eso, la autoridad regional tendría que explicar con qué título conserva la posesión y por qué no ha cumplido lo que corresponda. En el caso de estos apartamentos, la gravedad dependerá de lo que acrediten las actuaciones y de quién los tenga efectivamente. La respuesta pública, sin embargo, puede empezar ya: informar qué bienes están bajo custodia, por orden de quién, con qué fundamento y cuál es el estado de su devolución.

¿Y qué une esta controversia con la tala? Se ve una manera parecida de gobernar: decisiones y actuaciones con una subyacencia posible: la arbitrariedad, información que no llega a tiempo y ciudadanía convocada cuando el hecho ya está consumado. En la avenida, la falta de consulta y de acceso oportuno a estudios impediría controlar el impacto antes de la tala; en los bienes de Kamel Salame, la falta de una explicación formal impediría saber por qué continúan retenidos. Esa semejanza alimenta la sospecha de opacidad institucional. Es una conclusión política de quienes denuncian, no una constatación judicial sobre un plan coordinado. Pero tampoco se disipa llamando “absurda” a la crítica o diciendo que todo forma parte de un sabotaje al progreso.

La Gobernación ha defendido la obra como ajustada a la normativa ambiental, con un estudio de impacto y un plan de reforestación con especies que considera aptas para la ciudad. También ha invocado seguridad, redes de servicios y modernización. Perfecto: que publique el estudio, los permisos y los criterios técnicos; que identifique qué árboles se retiraron y por qué; que aclare el destino de la madera y el calendario de reposición. Si los documentos respaldan la actuación, se verá. Si revelan fallas, habrá que corregirlas. La ciudadanía no tiene por qué elegir entre creer a ciegas al gobierno o aceptar sin examen cada denuncia.

Lo mismo vale para los bienes de Kamel Salame. Si existe una explicación jurídica para que sigan en poder público, por orden de quien dispuso la tala en la Avenida Carabobo, que se exponga con claridad y se contraste con las decisiones que, según se afirma, establecieron que no fueron incautados. Si no existe, la salida no es administrar el silencio: es cesar la ocupación y restituir lo que corresponda conforme al procedimiento. Y si la competencia recae en otra instancia, que se identifique quién es, qué decisión tomó y qué debe ocurrir para que el afectado recupere sus bienes.

Leonardo Intocci puede hablar de progreso, sostenibilidad y pulcritud administrativa. Pero esos conceptos no se prueban con una consigna ni con un anuncio de reforestación futura. Se prueban mostrando estudios, escuchando a los vecinos, explicando las decisiones y obedeciendo los procedimientos. La tala nocturna, por sí sola, no demuestra una conspiración; una denuncia de retención, por sí sola, tampoco acredita cada detalle del caso. Pero ambas reclaman respuestas que puedan verificarse. Cuando la explicación no aparece, la sospecha ocupa el espacio vacío. Y cuando el Estado administra ese vacío, la confianza pública también termina talada, solo que esa pérdida no se repone plantando araguaneyes.

Por eso la pregunta al gobernador Leonardo Intocci no es si Yaracuy merece modernizarse. Claro que merece mejores calles, servicios que funcionen y espacios urbanos seguros. La pregunta es si esa modernización puede hacerse sin oscurecer la información y sin tratar los derechos como estorbos de obra. Si los árboles eran un riesgo, muéstrense las evaluaciones. Si la tala era necesaria, explíquense las alternativas descartadas y la restitución ambiental. Si los apartamentos de Kamel Salame siguen retenidos, publíquese el fundamento y ejecútese lo que corresponda. El ambiente sano, la participación, el debido proceso y la propiedad no son obstáculos al desarrollo: son la prueba de que el desarrollo no consiste simplemente en que el poder haga lo que quiera y luego redacte la explicación.

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FUENTE: >>Robert Alvarado

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