El porvenir de nuestra nación tras el quiebre político del pasado 3 de enero plantea desafíos civilizatorios de una magnitud incalculable. Ante el colapso absoluto del modelo estatista, centralizador y rentista que ha sumido a Venezuela en la más profunda degradación material y moral, la discusión pública ha comenzado a gravitar en torno a propuestas concretas de reconstrucción nacional. Entre ellas, el programa denominado “_Venezuela Tierra de Gracia_”, presentado por María Corina Machado, se erige como el eje programático de mayor visibilidad y debate. Para los ciudadanos, los empresarios, los académicos y los defensores de la libertad, resulta imperativo examinar este plan no desde la condescendencia del optimismo político ni desde la ilusión de la ingeniería social, sino a través del rigor conceptual de la gran tradición del pensamiento económico libertario. Analizar esta propuesta a la luz de los aportes de pensadores de la talla de Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Eugen von Böhm-Bawerk, Murray Rothbard, Douglass North, James Buchanan, Daron Acemoglu, Israel Kirzner, Fritz Machlup, Ludwig Lachmann, Jesús Huerta de Soto, Hans-Hermann Hoppe, Peter Boettke y tantos otros paladines del orden espontáneo, nos permite sopesar con claridad meridiana sus profundas coincidencias con la libertad, así como sus latentes tensiones y desafíos prácticos.
En su núcleo fundamental, la propuesta de “_Venezuela Tierra de Gracia_” acierta de manera rotunda al plantear el desmantelamiento sistemático del Estado empresario, confiscatorio y omnipotente, exigiendo la restitución de la propiedad privada y la apertura radical a la inversión privada nacional e internacional. Desde la perspectiva de la Nueva Economía Institucional y de los aportes seminales de Douglass North, las naciones no se empobrecen por falta de recursos naturales, sino por la devastación de sus instituciones. La tesis de Daron Acemoglu y James Robinson sobre la urgencia histórica de transitar desde instituciones extractivas —aquellas diseñadas para expropiar y saquear a la mayoría en beneficio de una élite parasitaria— hacia instituciones inclusivas que garanticen la seguridad jurídica, el cumplimiento implacable de los contratos y la apertura de los mercados, encuentra un eco directo en este programa de transformación. Sin un cambio radical en las reglas del juego que erradique la arbitrariedad regulatoria y devuelva la soberanía jurídica al ciudadano, cualquier intento de reactivación económica quedará atrapado en el laberinto de la miseria institucional.
Asimismo, al proponer la estabilización macroeconómica mediante la disciplina fiscal estricta, la erradicación de la emisión monetaria inorgánica y la reinserción de la economía venezolana en los circuitos financieros globales bajo una moneda sana, el planteamiento sintoniza con las advertencias históricas de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek respecto a los estragos de la intervención monetaria y la banca central. La ciencia económica ha demostrado incansablemente que la inflación no es un fenómeno natural ni un accidente técnico, sino el resultado deliberado de la expoliación estatal a través de la expansión artificial del circulante. Restablecer un orden monetario sólido y despojar al Estado de la facultad de confiscar el poder de compra de los ciudadanos constituye una condición _sine qua non_ para el resurgimiento del cálculo económico racional, permitiendo que los empresarios y ahorradores vuelvan a orientar sus decisiones de inversión en función de las verdaderas señales de los precios y la escasez.
En el plano de la arquitectura política y administrativa, la propuesta enfatiza la descentralización, la subsidiariedad y la limitación radical del poder central frente a las regiones y los individuos. Aquí es donde el andamiaje teórico del _Public Choice_, fundado por James Buchanan y Gordon Tullock, aporta su mayor valor analítico. La teoría de la elección pública nos enseña que el poder político centralizado es, por naturaleza, una maquinaria inagotable de creación de rentas, clientelismo y corrupción sistémica. Diluir el poder del Leviatán central, reducir el aparato burocrático a sus funciones esenciales de justicia, seguridad y defensa, y devolver las competencias a los gobiernos locales y a la sociedad civil organizada representa el único antídoto institucional eficaz contra la tentación perpetua del rentismo petrolero. El Estado no es un agente benevolente que busca el bienestar general, sino una estructura de coerción que debe ser estrictamente acorralada mediante constituciones rígidas y límites infranqueables.
No obstante, un análisis verdaderamente riguroso, desprovisto de complacencias y fundamentado en los postulados más exigentes de la praxeología y el libertarismo filosófico —representados por figuras como Murray Rothbard, Israel Kirzner, Jesús Huerta de Soto o Hans-Hermann Hoppe—, obliga a señalar con honestidad intelectual los riesgos, tensiones y omisiones que toda transición de esta envergadura suele entrañar. El primer gran desafío radica en el peligro latente del pragmatismo tecnocrático y el gradualismo reformista. Frecuentemente, las grandes coaliciones políticas que asumen el poder tras el colapso de un régimen socialista se ven tentadas a negociar con visiones neoclásicas o keynesianas tradicionales que confían en la "ingeniería macroeconómica" administrada por comités de expertos o por burócratas de los organismos financieros internacionales. Las transiciones hacia la libertad económica no deben ser administradas mediante parches burocráticos graduales, sino a través de una desregulación instantánea, audaz y total que libere de inmediato la función empresarial y la capacidad de creación de riqueza de los individuos.
Un segundo punto de extrema sensibilidad analítica concierne a la privatización y desmonopolización de los sectores estratégicos, particularmente la industria petrolera. La magnitud del expolio estatal exige que los activos nacionales no sean transferidos a través de acuerdos corporativos o contratos de asociación tutelados por un nuevo grupo político en el poder, perpetuando formas lavadas de capitalismo de compadres. La verdadera doctrina libertaria exige la restitución plena de los derechos de propiedad a los ciudadanos, desmontando por completo el monopolio estatal de hidrocarburos y permitiendo que el mercado, la competencia abierta y la iniciativa privada determinen la asignación eficiente de los recursos energéticos. La renta petrolera no debe ser administrada por un nuevo gobierno; debe ser devuelta a la sociedad civil, extirpando para siempre la maldición del rentismo que anestesió la conciencia cívica de la nación.
Finalmente, el obstáculo más formidable que enfrentará cualquier programa de transformación en la Venezuela post 3 de enero no es de índole financiera ni logística, sino estrictamente intelectual y cultural. Como lo advirtió con magistral lucidez Ludwig von Mises en _Teoría e Historia_, las instituciones y las leyes no son más que el reflejo de las ideas predominantes en la mente de los hombres. Tras décadas de adoctrinamiento colectivista, estatista y populista, una parte importante de la población y de la clase política mantiene arraigada la falsa convicción de que la prosperidad se decreta por ley, de que el Estado es un manantial inagotable de beneficios gratuitos y de que el lucro empresarial es moralmente reprochable. Ningún plan económico, por técnicamente depurado que esté, podrá consolidarse en el tiempo si no se libra con éxito la gran batalla cultural e ideológica para erradicar las falacias del socialismo y arraigar en la conciencia ciudadana los valores inquebrantables de la responsabilidad individual, la propiedad privada, el mérito y el respeto irrestricto al orden espontáneo del mercado.
¿Qué podemos esperar, por tanto, en esta convulsa época de transición? Podemos anticipar un escenario de intensa turbulencia institucional, donde las inercias corporativistas y las resistencias burocráticas intentarán desviar el cauce de las reformas para preservar privilegios adquiridos. La historia económica nos enseña que los caminos hacia la libertad no son lineales ni exentos de conflictos. Por ello, la brújula que debe guiar a los dirigentes y a los ciudadanos no es el cálculo pragmático del momento, sino la fidelidad intransigente a los principios de la libertad económica y jurídica, entendiendo que no es el momento de personas sino la hora de Venezuela. Solo mediante la comprensión profunda de que la riqueza es el fruto exclusivo del pensamiento, del ahorro, de la acumulación de capital y de la cooperación social pacífica bajo el imperio de la ley, Venezuela podrá superar definitivamente su laberinto histórico y erigirse, ahora sí, como una tierra de gracia, prosperidad y dignidad humana.
FUENTE: >>Econ. José Gregorio Santeliz C
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