Técnicamente, la respuesta es que sí.
Es evidente que el Tribunal Supremo de Justicia responde a las necesidades de la Revolución. Y si el Presidente y el Partido considera que anular el referendo institucionalmente es menos riesgoso que someterse a la recolección de firmas en la calle, lo harán. Ahora bien: si el costo político de anularlo desde el TSJ es mayor, entonces el proceso de recolección de firmas continuará.
No es una decisión democrática: es un análisis de costo-beneficio.