El derecho que tiene todo preso político a obtener la libertad, es incuestionable. Máxime si se trata de alcanzarla frente a un gobierno inescrupuloso, y lleno de miserias; que usa la represión, la humillación del contrario, y la persecución a la disidencia como instrumento eficaz, pero asqueroso de sus propios complejos, resentimientos y venganzas.
Un régimen que castiga a quienes piensan distinto y a quienes les echan en cara –con toda razón- las culpas por la conducción infame, corrompida y ruin de un país que se les entregó en bandeja de plata para redimir las demandas populares por largo tiempo postergadas, y con todos los recursos económicos y financieros de los que ha dispuesto Venezuela en el muy largo período que va desde 1999, hasta el presente, de manera ininterrumpida.
Son casi 22 años de destrucción sistemática a la que han sometido a toda Venezuela, por la voluntad cobarde del payaso eterno, cuando decidió entregar al país para ser colonizado por una banda criminal extranjera, encabezada por un dictador en quien encontró una relación de
