Veraz… Junta de gobierno: la nueva vía…

Robert Alvarado

(@robertveraz)  

*_“La gente de las Américas tiene derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverlo y defenderlo.” (Barack Obama)_*  

Quienes conocen el derecho sostienen que el interinato de los Rodríguez terminó el 3 de julio. Si aceptamos esa lectura, la única salida práctica que queda sobre la mesa es conformar una Junta de Gobierno Nacional. Esa idea, que escuché del Dr. Pablo Aure y de la Dra. Blanca Marlon de León, no es un capricho técnico ni un gesto retórico: es una propuesta para ordenar lo urgente y lo imprescindible. Hablamos de pasar de la protesta y la diplomacia simbólica a un punto donde haya una autoridad que pueda tomar decisiones concretas, coordinar esfuerzos internacionales y sentar las bases legales y administrativas para la transición. No se trata de sustituir una voluntad política por otra, sino de crear un marco que permita recuperar instituciones y preparar el terreno para elecciones legítimas.  

No es exageración decir que Venezuela lleva 27 años sometida a un proceso de destrucción sistemática. Más de dos décadas de desgaste institucional no se corrigen con discursos. Han sido años de desmontaje progresivo: primeros erosionaron la independencia judicial, luego las funciones del parlamento y, con el tiempo, el sistema electoral perdió confianza. Económicamente, la hiperinflación vació la moneda y la producción interna colapsó; apareció una dolarización de hecho que no arregla la estructura productiva ni resuelve la falta de inversión. En lo social, la emigración masiva rompió familias y tejidos comunitarios; la pobreza y la precariedad se hicieron norma en muchas regiones. También hay un fenómeno grave en las Fuerzas Armadas: lo que antes era una institución profesional pasó a ser un actor politizado, con corrupción enquistada y una pérdida de formación y disciplina que afecta la seguridad y la soberanía. Todo esto compone un cuadro donde la fragilidad institucional ya no es una amenaza futura: es la realidad cotidiana.  

En este contexto, por decir lo menos, en la práctica la capacidad del interinato es limitada: no tiene control territorial efectivo ni herramientas administrativas plenas para restaurar servicios, reconfigurar cuerpos de seguridad o auditar finanzas públicas. Esa limitación no es un defecto menor; es la razón por la cual hoy se plantea otra ruta. Lo que se necesita es una fórmula que sea operativa, es decir, que pueda ejecutar, legítima. aceptada por la mayoría, y temporal, con plazos claros para evitar la perpetuación. La transición exige acciones: revertir nombramientos irregulares, asegurar procesos electorales creíbles, garantizar el acceso a servicios básicos y coordinar ayuda humanitaria. Nada de eso se resuelve solo con presencia internacional o declaraciones.  

Así las cosas, la propuesta de la Junta de Gobierno busca justamente eso: un órgano temporal, colegiado y civil, conformado por ciudadanos con trayectoria intachable y experiencia técnica, que tenga como mandato exclusivo preparar la transición democrática. No se propone crear una nueva élite, sino conformar un equipo que pueda diagnosticar, ordenar prioridades y ejecutar medidas puntuales para restaurar la capacidad estatal. La Junta tendría que actuar con transparencia y rendición de cuentas, publicar sus decisiones y someterse a auditorías públicas. Su papel sería administrar el período de transición, coordinar con organismos internacionales, proteger el proceso electoral y facilitar la reinstitucionalización sin pretender quedarse en el poder.  

Antes de tomar decisiones de fondo, la Junta debería encargar un diagnóstico nacional profundo y público. No basta con advertir problemas: hay que medirlos. Ese informe tendría que revisar la situación de todos los poderes públicos, organismos autónomos y entes territoriales; auditar la deuda y los activos del Estado; y evaluar la salud del sistema financiero y las reservas. Además, es imprescindible un mapeo de las Fuerzas Armadas: su estructura, las lealtades internas, capacidades reales y el grado de politización. En materia social, el diagnóstico debe incorporar evaluaciones sobre servicios públicos, salud, educación, seguridad alimentaria y condiciones humanitarias. Solo con información veraz se puede priorizar acciones: por ejemplo, determinar dónde restablecer servicios básicos primero, cómo reconstruir redes productivas y qué regiones necesitan protección especial para la vuelta progresiva de la población desplazada.  

La credibilidad de la Junta dependerá en gran medida de quiénes la integren. Por eso la selección es crítica: deben ser venezolanos con trayectoria pública reconocida, sin vinculaciones con los regímenes que hundieron al país, y con experiencia técnica en áreas clave como administración pública, justicia, economía y seguridad. La honorabilidad no es un adorno; es la garantía mínima para que la sociedad civil y la comunidad internacional confíen en el proceso. Además, la diversidad de perfiles, académicos, juristas, gestores públicos y representantes de la sociedad civil, puede dar equilibrio y evitar la captura de la transición por intereses particulares. El procedimiento de selección debe ser transparente, con mecanismos de verificación de antecedentes y veto público ante cualquier conflicto de interés.  

Es fundamental fijar una temporalidad y una hoja de ruta realista. La Junta no puede quedarse a vivir en el poder: su permanencia debe ser estrictamente limitada y orientada a objetivos concretos. Un calendario por fases ayuda a mantener el enfoque: primer mes para constituir la Junta y establecer protocolos; segundo mes para realizar el diagnóstico y comenzar acciones de reinstitucionalización; y dos meses adicionales para preparar el terreno electoral, diseñar reformas clave en la seguridad y pactar garantías internacionales. Es un plan ambicioso pero necesario: la urgencia no puede justificar improvisaciones. Además, cada fase debe tener hitos públicos y métricas de avance para que la ciudadanía pueda evaluar el progreso y exigir responsabilidades.  

La reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas no será posible sin cooperación internacional de calidad. Un convenio bilateral con Estados Unidos, combinado con apoyo regional y multilateral, puede ofrecer la asistencia técnica, formación y logística necesarios para reestructurar doctrina, profesionalizar cuadros y depurar a quienes participaron en violaciones o corrupción. Esto requiere acuerdos claros sobre límites, supervisión y respeto a la soberanía. La cooperación debe centrarse en capacitación, intercambio de buenas prácticas y asistencia en justicia transicional para procesos de depuración que respeten derechos humanos y deban ser transparentes.  

Durante la transición será imprescindible garantizar el orden público sin recurrir a prácticas autoritarias. Esto implica apoyo logístico e inteligencia para evitar vacíos que puedan ser aprovechados por grupos violentos, garantizar la protección de instalaciones críticas y coordinar con actores locales para mantener la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, la respuesta debe respetar los derechos fundamentales: las operativas de seguridad deben someterse a controles civiles y judiciales, evitando abusos que erosionen aún más la confianza pública. Programas de instrucción en academias militares aliadas pueden ser útiles para formar nuevos cuadros y reemplazar prácticas politizadas por estándares profesionales y éticos.  

Una de las reformas más profundas debe ser la despolitización de las Fuerzas Armadas. Las armas deben volver a su función esencial: la defensa de la soberanía y la protección del territorio, no la intervención en la vida política. Proponer que el personal en servicio activo no ejerza el sufragio mientras permanezca en servicio es una medida controversial, pero busca eliminar incentivos a la injerencia política dentro de las fuerzas. Además, es esencial restablecer controles civiles constitucionales que garanticen la subordinación de las fuerzas al poder civil democráticamente electo, con mecanismos de supervisión y transparencia que impidan nuevas desviaciones.  

El objetivo final de la Junta es claro: convocar elecciones libres y devolver la legitimidad plena al país. Todo el proceso transitorio debe converger en eso: restaurar la soberanía popular mediante votaciones libres, justas y verificables que restituyan la legitimidad de todos los poderes del Estado. La renovación democrática tiene que venir por el voto, no por arreglos oscuros ni soluciones impuestas. Esa legitimidad renovada será la base para reconstruir instituciones y plantear reformas estructurales de largo plazo.  

Estas ideas no son dogma; son puntos para que la sociedad civil los discuta, refine y apruebe. En un momento en que surgen nuevas opciones, la Junta de Gobierno aparece como una vía concreta para salir del limbo. No es la única alternativa, pero ofrece un camino operativo hacia la recuperación institucional y la democracia. La clave será la transparencia, la selección de personas de probidad y un calendario claro que evite que la transición se convierta en otra etapa de incertidumbre. 

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FUENTE: >>Robert Alvarado

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