Para un régimen con vocación autoritaria, lo electoral, más que un mandato, constituye una herramienta optativa a la que se puede echar mano cuando su uso le resulta provechoso.
El PSUV, desde que dejó de ser competitivo en las consultas populares, se ha visto en la necesidad de evaluar con detenimiento el balance de costos entre ceder espacios de poder y no cederlos, evadiendo eventos electorales.
En el caso del referendo revocatorio, el resultado de tal balance es bastante claro: se trata de un espacio de poder cuya pérdida implica perderlo todo. Así que no existe la menor duda de que la intención del gobierno es evitar a toda costa la consulta.
Así, durante estos meses la tolda roja ha movido meticulosamente sus piezas. Nuevamente camina haciendo malabares para no derrumbar del todo la imagen democrática que debe mostrar a la comunidad internacional, avanzando sin embargo hacia la materialización de lo que es su intención verdadera: no permitir que la consulta se realice. Entonces ha ido preparando diferentes dispositivos que pueda activar según lo exijan las circunstancias, como por ejemplo, la ilegalización de la MUD y la apertura de procedimientos penales a figuras claves que le adversan. Sin embargo, una constante en la estrategia del oficialismo ha sido colocar al liderazgo opositor en situaciones que propicien conflictos internos para dañar su más preciado capital: la imagen unitaria. Con estas y otras acciones, se intenta debilitar la capacidad de convocatoria de la MUD para efecto de movilización de calle y electoral.
Ahora bien, la lectura de lo que subyace detrás de las condiciones anunciadas la semana pasada por el CNE para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, devela en sí misma la visión del gobierno en cuanto a su debilidad electoral. Luego de evaluar la situación, el oficialismo optó por las peores condiciones dentro del abanico planteado. El temor a la avalancha que puede presentarse durante los tres días de recolección de firmas es claro. No había margen para decorados; el torniquete tenía que aplicarse sin contemplaciones. Además, debía colocar nuevamente a la dirigencia de la MUD en una situación que podría generar fracturas visibles en la opinión pública: ¿debían aceptarse o rechazarse tales condiciones? ¿Debía continuarse el camino hacia el 20% o detenerlo?
La MUD tomó su tiempo causando molestias en algunos de sus seguidores, pero al final sorprendió con una respuesta contundente: el camino hacia el 20% continuaría, dejando claro que las condiciones violatorias de la Constitución planteadas por el ente electoral, no eran aceptadas. Pero la sorpresa para muchos no fue la decisión, sino escucharla de voz de todos los factores que conforman la coalición, de manera coherente, clara, unitaria, resultado además de una consulta amplia que fue más allá de las organizaciones políticas que conforman la Mesa. Todo esto revitalizó la imagen de unidad y fortaleció su posición en el tablero ante un oficialismo que se verá obligado a activar dispositivos que hubiese preferido mantener en RESERVA, ya que permanecen latentes tanto el peligro de que el número de firmas requerido se pueda plasmar de manera efectiva, y el de verse rebasados si durante tres días, un aluvión de personas invade las calles del país reclamando su derecho a manifestarse.
Punto para las fuerzas opositoras. El juego está vivo.
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